Mueren 32 guerrilleros en operativo en Vista Hermosa, Meta

El presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar en Villavicencio el resultado de la operación.

El presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar en Villavicencio que esta madrugada, durante un operativo conjunto de las Fuerzas Militares, murieron 32 guerrilleros de las Farc, y fueron capturados otros seis.

El mandatario, quien se encuentra en la capital del Meta presidiendo un consejo de seguridad, explicó que las acciones se dieron en la vereda El Silencio, zona rural de Vista Hermosa, región del Ariari, en donde tiene presencia los frentes 27 y 43 de las Farc.

Antes de ingresar a la reunión con mandos militares y el gobernador del Meta Alan Jara, el presidente Santos dijo que las operaciones continúan a esta hora y que producto de las mismas se ha logrado la captura de otros seis subversivos en Restrepo (Meta), pertenecientes al frente 53. "Entre los capturados está uno de los ideólogos". (Lea las declaraciones del presidente Santos)

Se conoció también que al parecer los guerrilleros habían sido convocados al campamento por el Estado Mayor del Bloque Oriental (Embo), específicamente por alias 'El médico', quien había reemplazado al 'Mono Jojoy' en esa instancia del grupo guerrillero.

En este momento, unidades de la Fuerza de Tarea Omega realizan un barrido de la zona y aseguran el área donde estaba instalado el campamento guerrillero.

La operación, que hace parte de la nueva estrategia militar para golear a las Farc, se inició en la madruga con aviones Supertucano que bombardearon el objetivo en la madrugada de hoy.

Extraoficialmente se conoció que los cuerpos serían trasladados esta misma tarde a la Base Aerea de Apiay, muy cerca del sitio donde se desarrolla el consejo de seguridad de Santos con las autoridades militares y civiles.

Vista Hermosa es un municipio que hizo parte de la zona de distensión durante los frustrados diálogos de paz con las Farc. Después fue epicentro del denominado Plan Patriota.

Hace ocho días, en una operación similar, en Arauquita (Arauca), una fuerza especial conjunta de la Octava División, logró llegar hasta uno de los principales campamentos del frente 10 de las Farc.

Como saldo, la operación dejó también 32 muertos en las filas guerrilleras. (Lea los detalles de ese operativo)

Esta acción también contó con el apoyo de inteligencia de la Policía. De esta forma, Las Fuerzas Militares están aplicando el nuevo plan de guerra, denominado 'Espada de Honor' y que busca golpear a los mandos medios de las Farc.

Este plan es un complementó a una fase inicial que consistió en perseguir a los máximos jefes de este grupo guerrillero y que permitieron la caída de alias 'Raúl Reyes', 'el Mono Jojoy' y 'Alfonso Cano'.

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Publican nuevo cartel con vándalos de TransMilenio

La Policía busca a 37 personas que habrían incitado ataques contra el sistema el pasado 9 de marzo.

La Policía Metropolitana de Bogotá acaba de publicar un nuevo cartel, esta vez con las fotografías de 37 personas que, según las primeras indagaciones, serían las responsables de incitar los disturbios del pasado 9 de marzo y que ocasionaron pérdidas por más de mil millones de pesos para el sistema TransMilenio.

Videos y fotografías de los medios de comunicación sirvieron para la identificación de estas personas. La intención es que se presenten a la Policía para que las autoridades los reseñen y pongan sus datos a disposición de las investigaciones de la Fiscalía.

La semana pasada, la Policía había presentado un cartel con 52 fotos de los autores materiales de los desórdenes y 32 de ellos ya se presentaron voluntariamente ante las autoridades.

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Bajan crímenes de sindicalistas en el país, pero crecen amenazas: ONU

Dicho fenómeno podría configurar "una transformación de la violencia antisindical", alertó el Pnud.

El estudio "Reconocer el pasado, construir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011", reporta en ese periodo más de 2.800 homicidios de sindicalistas y trabajadores sindicalizados. Además, registra 216 casos de desaparición forzada, 83 de torturas y 163 de secuestros.

"Es una cifra muy alta desde cualquier punto de vista. Hay una tendencia descendente desde 2003, pero todavía no nos deja tranquilos porque en ningún año baja de los 30 homicidios", dijo en una rueda de prensa Carlos Miguel Ortiz, coordinador del proyecto del Programa de Naciones para el Desarrollo (Pnud).

"Además de los homicidios, todavía hay casos de desaparición forzada y secuestros. Desde 2007 han aumentado las amenazas. Deberíamos preguntarnos si se trata de un descenso de la violencia o si es una transformación de sus manifestaciones", añadió Ortiz.

Bruno Moro, embajador residente en Colombia del PNUD, señaló de su lado que la violencia antisindical "ha sido un tema de gran polémica en Colombia por muchos años, se considera como uno de sus principales problemas de derechos humanos, y el país resalta como uno de los de mayores violaciones".

Buscamos con este informe discutir el tema de manera menos ideologizada y más informada. No es tanto un estudio de denuncia, sino más bien un análisis para buscar soluciones", añadió Moro.

Según el estudio, la violencia antisindical en Colombia está concentrada en algunas regiones (Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cesar, Arauca, Atlántico y Córdoba) y en algunos sindicatos, especialmente los del magisterio, bananeros y petroleros.

"Una violencia tan concentrada plantea la pregunta de si puede ser aleatoria y general o si es sistemática, y en ese caso quién está detrás", dijo Ortiz.

"El debate sobre la autoría de los crímenes es crucial por el derecho a la verdad, justicia y reparación; pero a la vez es el más difícil, porque el 78% de los homicidios aparece sin autor", explicó.

De los casos sentenciados, apenas 223, sólo 25% establece el autor material y 7,8% señala la autoría intelectual. De acuerdo con las cifras, grupos paramilitares serían los autores en 14% de los homicidios, las guerrillas del 5,1% y agentes del Estado de otro 1,7%. "La delincuencia común tiene un porcentaje bajísimo, casi insignificante, lo que contrasta con la tesis de que los sindicalistas han sido asesinados para robarlos", indicó Ortiz.

Entre los móviles de estos crímenes, en 56% de los casos figura el "antisindical"; es decir, que los homicidios tuvieron como causa la actividad sindical de las víctimas. Pero el Pnud alertó que de ese porcentaje, "en 40,5% el móvil del crimen fue la calificación de la víctima por parte del victimario como subversivo por el solo hecho de ejercer la actividad sindical".

Este fenómeno, que el Pnud llama el "prejuicio insurgente" o el "estereotipo del sindicalista-guerrillero", constituye el "preámbulo de la victimización" y "no sólo está en la cabeza del victmario, sino en la de la gente del común", apuntó Ortiz.

El estudio fue promovido por Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, bajo la coordinación del Pnud. Sus resultados serán presentados este miércoles al gobierno del presidente Santos, las centrales sindicales y la asociación de industriales, que participaron en su elaboración, explicó Moro.

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AFP

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No imputarán a la infanta Cristina en investigación contra su esposo

El juez José Castro rechazó la petición del sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Con esta decisión la infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos I de España, no será imputada en la investigación que afecta a su esposo, Iñaki Urdangarin, en un caso de presunta corrupción.

En un auto notificado este lunes y difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el juez también desestimó un careo entre Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

Tanto Manos Limpias como el Partido Popular (PP) de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares están personados como acción popular en la pieza del caso en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que fue presidido tanto por Urdangarin como por Torres.

La Fiscalía Anticorrupción se pronunció la semana pasada en contra de imputar a la infanta Cristina porque no consta ningún indicio incriminatorio, ni documental ni testifical, del que se pueda extraer que conocía la supuesta actividad delictiva de su esposo, el duque de Palma.

El ministerio público también argumentó su postura en que la responsabilidad penal es personal y que, por ello, la infanta no debe responder penalmente de los actos supuestamente ilícitos de su marido.

Tampoco existe para la Fiscalía ningún indicio de que Cristina de Borbón supiera de la actividad presuntamente ilícita de Urdangarin y de su exsocio para que el Instituto Nóos y Nóos Consultoria, empresa propiedad de ambos, se beneficiaran de contratos públicos.

En cuanto a su papel en el Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro de la que la hija del rey formaba parte en calidad de vocal, el fiscal cree que las decisiones las tomaba un comité de dirección en el que no figuraba la infanta y que no consta que la junta rectora -en la que sí estaba como miembro- aprobara las líneas de actuación del organismo.

Respecto a Aizoon, la empresa que comparte al 50 por ciento con su marido y que supuestamente sirvió para desviar dinero público, la Fiscalía apuntó que la infanta no ostenta ningún cargo ejecutivo en ella y que su vinculación es meramente a nivel societario.

La misma línea siguió la acusación particular personada en la causa, la de la Comunidad Autónoma de Baleares, que rechazó una posible imputación de la infanta al considerar que no hay indicios de que haya participado en nada ilícito relacionado con Urdangarin.

El PP también se opuso a que fuera citada "como imputada ni como testigo".

En su comparecencia ante el juez Castro durante los días 25 y 26 del pasado mes de febrero, el duque de Palma manifestó que la infanta "no tiene nada que ver" en las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos recabados por el Instituto Nóos.

Durante su declaración, que duró 21 horas repartidas en dos días, el duque de Palma negó todas las acusaciones que pesan sobre él y dijo desconocer que formaran una trama para desviar fondos a paraísos fiscales, como cree la Fiscalía.

Urdangarin acusó a su Diego Torres, de ser el responsable de todas las actividades de esa entidad.

La infanta Cristina y su esposo, junto con sus cuatro hijos, residen en Washington desde el año 2009, donde Iñaki Urdangarin trabaja para la multinacional Telefónica.

EFE

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