La mexicana dejará de operar las 16 unidades de Burger King con las que contaba en Colombia.
Directivas de Alsea anunciaron, desde México, que tomaron la decisión de salir de este negocio en Colombia, por lo que ya concretaron un acuerdo para la venta del negocio Burger King en Colombia.
Sin ofrecer mayores detalles de la transacción, el operador líder de establecimientos de comida rápida, cafeterías, comida casual y restaurante familiar en América Latina y Europa, manifestó que dejará de operar las 16 unidades de Burger King con las que contaba en Colombia al cierre del segundo trimestre de 2019.
“Esta operación está alineada con la estrategia de reestructura del portafolio y búsqueda de eficiencias del mismo para incrementar la rentabilidad de la empresa”, señaló la compañía, a través de un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de México para informar sobre el proceso.
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jueves, 29 de agosto de 2019
SEGUIR SECTOR FINANCIERO Regístrate o inicia sesión para seguir tus temas favoritos. Nuevo récord en el dólar que amenaza con treparse hasta los $ 3.500
La escalada del precio del dólar en el mercado colombiano parece no tener tregua a la vista. A esta hora la divisa estadounidense en el mercado interbancario colombiano alcanza un nuevo récord al transarse sobre los 3.482 pesos en promedio
No obstante, en esta primera hora de operaciones ya se han hecho operaciones a un máximo de 3.492,8 pesos, de lejos la tasa de operación más alta de la historia de este mercado.
Desde el jueves de la semana anterior la tasa de cambio en colombia ha venido ganando terreno, incrementando su precio a un ritmo cercano a los 25 pesos por día, lo que la tienen negociándose muy cerca de los 3.500 pesos.
La jornada de este miércoles no ha sido la excepción. Hasta las 9 de la mañana la divisa estadounidense ganaba en promedio cerca de 25 pesos, pero en lo más intenso de las operaciones esta moneda alcanzó a avanzar cerca de 35 pesos.
Abogados Derecho Laboral Medellín
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No obstante, en esta primera hora de operaciones ya se han hecho operaciones a un máximo de 3.492,8 pesos, de lejos la tasa de operación más alta de la historia de este mercado.
Desde el jueves de la semana anterior la tasa de cambio en colombia ha venido ganando terreno, incrementando su precio a un ritmo cercano a los 25 pesos por día, lo que la tienen negociándose muy cerca de los 3.500 pesos.
La jornada de este miércoles no ha sido la excepción. Hasta las 9 de la mañana la divisa estadounidense ganaba en promedio cerca de 25 pesos, pero en lo más intenso de las operaciones esta moneda alcanzó a avanzar cerca de 35 pesos.
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martes, 4 de diciembre de 2012
Contralora Morelli interpone acción de tutela por caso Nule
La decisión de la funcionaria tiene como objetivo principal lograr que se levante el velo corporativo y perseguir los bienes de los socios de los Nule con el fin de resarcir a la nación por los daños causados. Un estimativo de la Contraloría señala que el daño patrimonial causado por las empresas del Grupo Nule superan los $300.000 millones.
La Contraloría sostiene que a pesar de que han sido de conocimiento general no sólo los procesos sino los fallos sobre la responsabilidad penal de los hermanos Manuel y Miguel Nule Velilla, así como de su primo Guido Nule Mariño, los bienes de los socios no han podido ser perseguidos para el efectivo resarcimiento del daño al patrimonio público causado al Estado.
Esto se ha dado, según el ente fiscalizador, por la existencia del "Velo Empresarial”, que no permite ir más allá de la persona jurídica, dejando sin posibilidad de perseguir bienes de socios, y asegura que ninguna de las autoridades con competencia legal para levantarlo, lo ha hecho.
"Estas autoridades, como el Honorable Tribunal de Cundinamarca, han omitido la petición de 'levantamiento del velo corporativo' dentro de una Acción Popular instaurada por la Contraloría General de la República - la cual completa dos años sin que se haya pasado de la primera Audiencia de Pacto de Cumplimiento, la cual además no se realizó", dice un comjunicado de la Contraloría, que señala que también inicio procesos ante la Superintendencia de Sociedades para solicitar su levantamiento, decisió que todavía no se ha tomado todavía.
Además, el organismo reveló que le pidió a la Supersociedades decretar medidas cautelares sobre los bienes de los Nule y que la única respuesta que ha obtenido es que como requisito previo para ordenar el embargo y secuestro sobre bienes y activos de los Nule, la Contraloría debe pagar una caución por $1.500 millones, cifra que le es imposible cubrir.
El organismo de control espera que con esta acción de tutela se logren avances que no se han conseguido por otros medios y que se tome una decisión en un término no superior a los 10 días hábiltes para que los jueces colaboren en la protección del patrimonio público de los colombianos, que según la Contraloría fue "despellejado" por los Nule a través de su cerca de 15 empresas y de los socios de éstas que se prestaron para el desgreño económico.
Entre las acciones interpuestas por la Contraloría para evitar la pérdida de millonarios recursos por el descalabro del Grupo Nule están las siguientes: Acción Popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dos peticiones en Acciones Revocatorias ante la Superintendencia de Sociedades, acción de Responsabilidad Subsidiaria ante la Superintendencia de Sociedades; denuncia por el presunto delito de lavado de activos y solicitud de extinción de dominio ante la Fiscalía General de la Nación, entre otras.
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La Contraloría sostiene que a pesar de que han sido de conocimiento general no sólo los procesos sino los fallos sobre la responsabilidad penal de los hermanos Manuel y Miguel Nule Velilla, así como de su primo Guido Nule Mariño, los bienes de los socios no han podido ser perseguidos para el efectivo resarcimiento del daño al patrimonio público causado al Estado.
Esto se ha dado, según el ente fiscalizador, por la existencia del "Velo Empresarial”, que no permite ir más allá de la persona jurídica, dejando sin posibilidad de perseguir bienes de socios, y asegura que ninguna de las autoridades con competencia legal para levantarlo, lo ha hecho.
"Estas autoridades, como el Honorable Tribunal de Cundinamarca, han omitido la petición de 'levantamiento del velo corporativo' dentro de una Acción Popular instaurada por la Contraloría General de la República - la cual completa dos años sin que se haya pasado de la primera Audiencia de Pacto de Cumplimiento, la cual además no se realizó", dice un comjunicado de la Contraloría, que señala que también inicio procesos ante la Superintendencia de Sociedades para solicitar su levantamiento, decisió que todavía no se ha tomado todavía.
Además, el organismo reveló que le pidió a la Supersociedades decretar medidas cautelares sobre los bienes de los Nule y que la única respuesta que ha obtenido es que como requisito previo para ordenar el embargo y secuestro sobre bienes y activos de los Nule, la Contraloría debe pagar una caución por $1.500 millones, cifra que le es imposible cubrir.
El organismo de control espera que con esta acción de tutela se logren avances que no se han conseguido por otros medios y que se tome una decisión en un término no superior a los 10 días hábiltes para que los jueces colaboren en la protección del patrimonio público de los colombianos, que según la Contraloría fue "despellejado" por los Nule a través de su cerca de 15 empresas y de los socios de éstas que se prestaron para el desgreño económico.
Entre las acciones interpuestas por la Contraloría para evitar la pérdida de millonarios recursos por el descalabro del Grupo Nule están las siguientes: Acción Popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dos peticiones en Acciones Revocatorias ante la Superintendencia de Sociedades, acción de Responsabilidad Subsidiaria ante la Superintendencia de Sociedades; denuncia por el presunto delito de lavado de activos y solicitud de extinción de dominio ante la Fiscalía General de la Nación, entre otras.
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martes, 27 de noviembre de 2012
Falsos positivos 'sí han sido política de Estado'
Hay bases razonables para creer que los falsos positivos han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad; dichos actos también pueden ser catalogados como crímenes de guerra. Estas, en síntesis, fueron algunas de las conclusiones que arrojó la Corte Penal Internacional (CPI) en su más reciente informe sobre las razones por las cuales Colombia seguirá siendo objeto de examen preliminar, el paso previo para que la Corte decida si abre o no una investigación en un país donde tenga jurisdicción.
Este reporte provisional, titulado Situación en Colombia, fue divulgado hace unos días por la Oficina del Fiscal de la Corte, cuya cabeza es la gambiana Fatou Bensouda, sucesora del argentino Luis Moreno Ocampo. En sus 93 páginas, conocidas por este diario, se advierte que, a partir de ahora, el examen preliminar del organismo internacional se centrará en cinco asuntos: el Marco Legal para la Paz, o cualquier otro aspecto relacionado con el surgimiento de nuevos grupo armados; la promoción y expansión de grupos paramilitares; el desplazamiento forzado; los crímenes sexuales, y los casos de falsos positivos.
Con respecto a estos últimos, la Corte señala que se puede hablar de una política de Estado ejecutada, cuando menos, por ciertas brigadas de las Fuerzas Militares. “Una política de Estado no necesariamente tiene que concebirse en el más alto nivel de la maquinaria estatal, sino que puede ser adoptada por órganos estatales locales o regionales. Incluso una política adoptada local o regionalmente puede ser catalogada como política de Estado”, advierte la Oficina del Fiscal, añadiendo que continuará analizando información para establecer si la responsabilidad por los falsos positivos se ha extendido a otros niveles oficiales.
Dice el informe que las ejecuciones extrajudiciales “han ocurrido en Colombia de manera permanente durante los últimos 25 años, con su pico más alto en cuanto al número de víctimas reportadas entre 2002 y 2008”, disminuyendo desde 2009. Y que por su naturaleza de ataque generalizado o sistemático se pueden calificar como crímenes de lesa humanidad: ocurrieron a lo largo y ancho de la geografía nacional, se cometieron bajos ciertos patrones y hubo planeación y organización, tanto para ejecutar los asesinatos como para reportarlos como bajas en combate. La tortura sería otro componente para revisar en este panorama.
Con respecto a los crímenes de guerra, el organismo indica que los falsos positivos podrían caer bajo su escrutinio con este rótulo, siempre y cuando los casos evaluados hayan ocurrido después del 1º de noviembre de 2009, cuando la Corte adquirió jurisdicción sobre crímenes de guerra en Colombia. Lo mismo pasaría con otros crímenes de guerra que la Corte examina con respecto a las Fuerzas Militares colombianas: tortura o tratos crueles y violación y otras formas de violencia sexual. Para hablar de esto último, la Oficina del Fiscal de la CPI se remitió al caso del subteniente Raúl Muñoz Linares, condenado en septiembre pasado a 60 años de prisión por el abuso sexual de dos menores y el asesinato de tres hermanos.
Ciertos sectores relacionan este reporte, cuya traducción oficial al español se conocerá hoy en Colombia, con la reforma del fuero militar, que está a un debate de ser aprobada. “Como se dio un período de falsos positivos, se satanizaron las operaciones militares, pero desde el inicio ha sido claro que un falso positivo nunca podrá pasar por la justicia penal militar. No todos los muertos en combate son falsos positivos. Lo que le está diciendo a Colombia la Oficina de la Fiscalía de la CPI es que aquí sí se ha investigado, pero que esos casos podrían ser de su competencia, así que esas investigaciones no pueden ser descuidadas”, expresó el exdirector de la Defensoría Militar, Jean Carlo Mejía.
El Ministerio de Defensa rechaza la idea de que exista una política estatal en el tema de ejecuciones extrajudiciales: “Es importante manifestar que no hay ninguna directiva, política o instrucción por parte de esta entidad y de ninguna institución oficial, desde alguno de sus niveles, que pueda propiciar o inducir a la comisión de graves violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH. Por el contrario, el Ministerio de Defensa cuenta con una política integral de derechos humanos y DIH que se constituye como la hoja de ruta del comportamiento de los miembros de la Fuerza Pública”.
Voceros de esa cartera traen a colación medidas que se han tomado para evitar este tipo de situaciones irregulares, como la Directiva 19 de 2007, con la que se estableció que los comandantes de las unidades militares debían agotar todos los recursos para que las diligencias, en caso de muertes en combate, las realizara la policía judicial, y que se debía prestar colaboración eficaz a las autoridades penales y disciplinarias. Vale recordar también que en 2010 el relator especial de la ONU, Philip Alston, aseguró que si bien no se trataba de casos aislados, no había visto pruebas que indicaran una política oficial.
Las Farc y otros
Puede que las Farc, desde La Habana y a través de delegados como la holandesa Tanja Nijmeijer, insistan en que no son otra cosa que “víctimas” del Estado. Pero la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, se lee en este informe, observa otra cosa. Para este organismo las Farc, así como el Eln y los paramilitares, han sido responsables de crímenes de lesa humanidad como ataques contra la población civil, asesinatos, desplazamiento forzado, secuestros, torturas y delitos sexuales. Y de crímenes de guerra, como ataques contra la población civil, asesinatos, torturas y tratos crueles, toma de rehenes, violación y otras formas de violencia sexual, y reclutamiento de menores de edad para participar en hostilidades.
lunes, 26 de noviembre de 2012
Crece optimismo de productores del campo sobre situación económica, revela encuesta
Una encuesta revelada este lunes por la Sociedad de Agricultores de Colombia indicó que el 16% de los productores del país consideran que su situación económica es buena para el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2012, aumentando en 5 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2011 cuando fue del 11 por ciento.
Esta percepción se refleja en cultivos como palma y caña, banano y cultivos de economía campesina y en porcicultura, avicultura, ganadería de carne y leche.
La Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria (EOEA), aplicada a 2.017 personas de 25 departamentos del país, arrojó que el 59% de los encuestados considera que su situación económica es aceptable, aumentando en 6 puntos porcentuales frente al 53% que se registró durante el mismo trimestre del año anterior.
En lo corrido del año (enero a septiembre) se observa la misma tendencia, incrementándose en 3 puntos porcentuales la proporción de agricultores que afirma haber mejorado su situación económica con respecto al mismo periodo del año anterior (12%).
La inversión durante el trimestre julio – septiembre de 2012 creció 6 puntos porcentuales, impulsada principalmente por la porcicultura y la avicultura.
En efecto, el 26% de los encuestados afirma haber invertido en instalaciones y otras obras de infraestructura, en comparación con el 20% en el mismo trimestre de 2011.
Estos dos subsectores han mantenido una tendencia de crecimiento en lo corrido del año (Ene-Sep), aumentando en 15 puntos el porcentaje de productores que señala haber realizado dichas inversiones, respecto a igual período de 2011.
Datos de la EOEA revelan que las expectativas de inversión para estos dos subsectores productivos se mantienen en crecimiento, pues la proporción de productores que se dispone a invertir en obras de infraestructura durante el último trimestre del año aumentó entre 2 y 3 puntos porcentuales, con respecto a lo observado en el mismo periodo del 2011.
viernes, 23 de noviembre de 2012
Repsol hará las paces con Pemex en el nuevo gobierno de México
En la última presentación a analistas, el director general de Repsol dijo que la voluntad del grupo era "retomar" las relaciones anteriores al episodio de desacuerdo con Pemex.
Tras sus desencuentros, Pemex y Repsol firmaron la paz en febrero después de que Sacyr desistiera de sus pretensiones, aunque las relaciones quedaron "tocadas" en lo que muchos interpretaron como un "pacto de no agresión" más que una alianza.
Un alto ejecutivo de Repsol confirmó también contactos del presidente y otros directivos de la española con el Gobierno mexicano que asumirá el 1 de diciembre.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, participó a principios de noviembre en una conferencia en México a la que también asistió el presidente del país azteca.
Coincidiendo con la vuelta al Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se está por designar el nuevo equipo directivo de Pemex poco después de que la petrolera descubrió reservas petrolíferas en aguas profundas del Golfo de México.
"Creemos que una creciente cooperación con la compañía petrolera nacional mexicana, Pemex, podrían dar acceso a la española a la parte mexicana del Golfo de México, que tiene unas reservas estimadas de entre 4,000 y 10,000 millones de barriles de petróleo", afirmó BOFA-Merril Lynch en una reciente nota a clientes.
El partido electo mexicano afirma que prepara una reforma energética para principios del 2013 que podría abrir el mercado a la inversión privada, donde los cálculos indican que se necesitan inversiones de entre US$80,000 y US$100,000 millones.
La expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino a principios de este año supuso un fuerte revés para los intereses de la española, que veía en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta una mina de oro por el enorme potencial exploratorio que apuntaron los primeros análisis.
Repsol ha conseguido mejorar sus cifras de producción gracias a otros países como Libia o Angola, pero a largo plazo México podría convertirse en la joya de la corona de un reinado centrado cada vez más en las actividades de exploración y producción de petróleo.
"Desde la firma del acuerdo se ha dicho muy poco de esta alianza estratégica y no hay referencia a ella en el plan estratégico 2012-2016", dijo Macquarie en una nota a clientes.
miércoles, 21 de noviembre de 2012
A la Alcaldía de Manizales le tocó retirar proyecto para expropiar bienes
Personas que viven en la Comuna San José y que estuvieron en el Concejo de Manizales las cuatro horas y media que duró la sesión de ayer, terminaron con un sonoro aplauso al escuchar que la Alcaldía retiraba el proyecto con el que se buscaba darle competencias al alcalde para expropiar bienes por vía administrativa.
Durante la sesión, concejales de todas las bancadas políticas criticaron la iniciativa al considerarla carente de argumentos e inapropiada para lo que se vive en la ciudad, especialmente en la Comuna San José con el Macroproyecto de Renovación Urbana.
Quedó claro que la competencia que se pedía es legal, pero se insistió que no era oportuno y que lo mejor era retirarla.
Inconvenientes
Moises Gallego, del Comité de Voceros de la Comuna San José, dijo en medio de la discusión en el Concejo, que el proyecto era innecesario porque para eso está vigente la expropiación por vía judicial (es decir la que hacen los juzgados).
Explicó que esta figura tiene más garantías para el ciudadano. "Ya tenemos resultados. A Arnoldo Aricapa, el Juzgado Quinto Civil del Circuito ordenó desde agosto pasado que le subieran el avalúo de $63 millones a $65 millones; lo que pasa es que la Alcaldía no le ha pagado y eso lo obligó a presentar una tutela a principio de este mes, pero es lo mejor para la comunidad", explicó Gallego.
La gerente de la Corporación Cívica de Caldas, Patricia del Pilar Ruiz, también estuvo en la sesión de ayer. Sostuvo que encontraron que como fue presentado el proyecto la medida se aplicaría en toda la ciudad, no solo en la Comuna San José. "Nos preocupa porque serían facultades que esperamos no riñan con el Plan de Ordenamiento Territorial y otras normas urbanísticas".
El concejal Hernán Alberto Bedoya, del Partido de la U, aclaró que desde el primer debate de este proyecto fue el único que votó en contra. Argumentó que entregar este instrumento es una forma agresiva de expropiar a la gente porque limita sus derechos. Destacó que la vía judicial, que es la que se aplica actualmente, es algo prudente, así se demore unos dos años, pero al menos no congestionará la Empresa de Renovación Urbana que tendría que asumir las expropiaciones vía administrativa, con el impacto en demandas que esto genera.
En la sesión se trajeron incluso actuaciones de gobernantes de países vecinos. El concejal Francisco Javier González, del Partido Verde, citó como ejemplo lo que ocurre en Venezuela. "Lo que pretenden hacer aquí es lo que hace Hugo Chávez. Allá sí está mal, pero aquí está bien".
Reconocieron error
Con cada intervención el futuro negativo del proyecto se iba perfilando más. La mesa directiva ordenó un receso de media hora, pero ni siquiera esto sirvió para pulir el proyecto, aunque algunos concejales contemplaron la posibilidad de modificarlo para que pasara.
La última en hablar fue la concejal ponente, Lucelia Yepes, conservadora yepista, que le propuso a la Administración retirar el proyecto por presentarse en un momento inoportuno.
Juan Carlos Gómez, secretario General de la Alcaldía, tomó la palabra y le dijo a la plenaria y a los asistentes que el único motivo que los asistía era favorecer a la comunidad, y que no se podía negar que el proyecto tuvo socialización con los líderes de la Comuna San José. Reconoció que seguramente faltó claridad y que por ello deben revisar. "Atendiendo las peticiones de la comunidad y los argumentos de los concejales la Administración decide retirar el proyecto".
El beneficio del que habló Gómez es que las expropiaciones por vía administrativa pueden hacerse en menos tiempo y pagar de forma más ágil.
Renovación Urbana debe salarios
El concejal Hernán Alberto Bedoya (de la U) dijo ayer que la Empresa de Renovación Urbana (ERU) está reducida a su mínima expresión y que a finales de este mes completa dos meses sin pagar salarios a sus trabajadores. "Hace un mes les pagaron seis meses atrasados. El que va a trabajar allá tiene que hacer curso de faquir porque no les pagan".
Carlos Abad Ramírez, gerente de la ERU, respondió que trabajan en una herramienta de capitalización que ordenó el alcalde y que se hará con recursos del Municipio para resolver los inconvenientes financieros. "Esperamos que la capitalización se haga a finales de este mes", dijo Ramírez. La nómina mensual de la ERU cuesta unos $50 millones para 20 personas, de nómina y contratistas.
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